AGA, la patronal del agua del grifo, quiere tener las manos libres para poder cortar el suministro a familias en caso de impago en plena pandemia, y así se lo ha planteado al Gobierno apenas unos días después de que este decidiera blindar esos suministros mientras dure el estado de alarma.

Lo ha hecho mediante una carta dirigida a la Vicepresidencia de Transición Ecológica de Teresa Ribera, a la que ha tenido acceso Público, en la que critica una de las medidas del ‘escudo social’ como es el blindaje de ese abastecimiento, aprobado por el ejecutivo en el decreto del 18 de marzo junto con el de la electricidad y el gas para familias en situación de vulnerabilidad en una regulación completada dos semanas más tarde, en el decreto del día 31.

La primera de esas normas establece que «los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social», mientras la segunda matizaba que durante el estado de alarma esos cortes solo pueden producirse por motivos que afecten a «la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones» y añadía que ese periodo de excepción «no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso».

La medida, restringida a las personas físicas y a las viviendas principales y que abarca también el abastecimiento «de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, [y] gas natural», ha provocado la reacción de AGA, que se presenta como «la asociación que representa mayoritariamente a las entidades y empresas (públicas, privadas o mixtas) que operan los servicios de agua urbana» del país.

«Supondrá una invitación indiscriminada al impago»

AGA, cuyos representantes han declinado atender las insistentes llamadas de este medio, muestra su «profunda preocupación por la situación del sector» por la aprobación de lo que califica como unas «medidas [que] ponen en riesgo la prestación de los servicios esenciales de abastecimiento y saneamiento de agua».

Y, en este sentido, la entidad considera que la primera versión del veto al corte del suministro recogía «adecuadamente las necesidades de cobertura del servicio de las familias más vulnerables y de aquéllas que, a causa de la crisis sanitaria, puedan pasar a serlo de forma más o menos sobrevenida», mientras que la segunda supondrá por su «indefinición» una «invitación indiscriminada al impago del servicio, al margen de la condición económica real del usuario», que «causará un grave déficit financiero estructural, si no se corrige el desequilibrio, con el consiguiente riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua».

Tras plantear ese escenario, la patronal del agua del grifo califica como «muy importante definir con claridad los supuestos en que el impago está justificado«, lo que conllevaría la habitación de las compañías para cortar el agua en caso de impago a las familias que no cumplan las condiciones de esa lista.

«No pretendemos restringir el acceso a este beneficio sino su estricta acotación», argumenta la misiva en tono exculpatorio, «pues nuestra experiencia es que la indefinición conlleva el abuso de quien no lo necesita» eso «incrementaría a muy corto plazo la morosidad». «La regulación acertada era» la del primer decreto, añade, ya que «recogía las medidas que el sector ya había adoptado para proteger a la población más vulnerable, y evitar así un efecto llamada al impago injustificado».

Rescates a cargo del Estado y ampliación de las concesiones

La carta de AGA da por hecho que una de las consecuencias de la pandemia va a consistir en el desplome del negocio del agua de boca municipal, una actividad que genera una facturación de más de 3.500 millones de euros al año, con amplios márgenes para las empresas y elevados costes para el ciudadano en el caso de los privatizados, algo de lo que el Tribunal de Cuentas lleva años alertando en otros servicios municipales como la limpieza viaria y la recogida de basuras.