La jueza envía a prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart


La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional por un delito de sedición para el presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, como había solicitado el teniente fiscal de este tribunal, Miguel Ángel Carballo.

Ambos fueron previsores y prácticamente cuando salían de la Audiencia en dirección a la cárcel de Soto del Real, las organizaciones independentistas que presiden difundieron sendos vídeos en los que Sànchez y Cuixart animan a los catalanes a protestar con “más serenidad, confianza y coraje que nunca”. Las reacciones al encarcelamiento tampoco se hicieron esperar.

Mientras numerosos ciudadanos respondieron con caceroladas de protesta, en las redes sociales los líderes independentistas cargaron con dureza contra la decisión de Lamela.”Quieren encarcelar ideas pero nos hacen más fuerte la necesidad de libertad”, dijo el ‘president’, Carles Puigdemont. “Pedimos hablar, sentarnos y dialogar y el PP, vía fiscalía, responde con prisión incondicional”, aseveró el vicepresidente, Oriol Junqueras. Desde Podem y los ‘comuns’ también se cargó contra la decisión y se llamó a los líderes de la ANC y Òmnium “presos políticos”. Hasta el primer secretario del PSCMiquel Iceta, calificó la medida de “desproporcionada”.

Para la magistrada, “cobra especial importancia el papel que Sànchez y Cuixart tuvieron” en los hechos a los que se ciñe la investigación abierta por sedición, que, de momento, se limita a las protestas de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Ambos se alzaron “como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar”.

Según la jueza, los testimonios de tres letradas de la Administración de Justicia que participaron en los registros y de los guardias civiles que permanecieron sitiados hasta 18 horas en la Conselleria de Economia, así como otras pruebas, “ponen de manifiesto que la actuación de los investigados, apelando a la resistencia, estaba orientada a impedir la aplicación de la ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial y a asegurar la celebración del referéndum ilegal”.

Grupo organizado

El auto de prisión les atribuye riesgo de reiteración delictiva, ya que ambos “vienen operando dentro de un grupo organizado de personas, llevando a cabo de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria en relación con la actuación de personas, organizaciones y movimientos dirigida a lograr fuera de las vías legales la independencia de Catalunya”.

La resolución, de 15 páginas, detalla los mensajes que tanto Sànchez como Cuixart lanzaron en redes sociales para lograr movilizaciones en los lugares donde por orden del Juzgado de Instrucción número 13 se hacían registros y arrestos, pero en ningún momento los lanzaron para evitar el daño que se hizo a los vehículos policiales, que se tasó en 33.729, 34.708 y 67.193 euros.

También se encargaron de informar de que había que estar en los colegios a las cinco de la mañana para evitar su cierre el 1-O.

En el caso de Cuixart, añade que el 25 de septiembre formaba parte del grupo de unas veinte personas que en Badalona exigieron “en actitud cada vez más hostil” a la Guardia Urbana devolver los carteles en apoyo al referéndum intervenidos. También estuvo presente el tercer teniente de alcalde de esa localidad, José Antonio Téllez.

Comparecencias quincenales

La magistrada, en cambio, fijó comparecencias quincenales para el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y para su subordinada, la intendente Teresa Laplana. La fiscalía también había pedido prisión incondicional para el responsable policial y prisión, pero eludible con fianza de 40.000 euros para ella. La jueza les retiró el pasaporte y les prohibió salir del país.

En su opinión, la actuación de Trapero los días 20 y 21 “no aparece todavía lo suficientemente perfilada” para “poderle vincular a hechos tan graves como los que se sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación”. La magistrada solo tiene en cuenta, de momento, el último informe de la Guardia Civil relativo a la actuación de los Mossos hasta el 1-O para determinar la verdadera intención de los imputados.

El Periódico