Trasvasó, junto al exembajador De Arístegui, dinero a sociedades interpuestas, nacionales y extranjeras.
Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, siendo diputado nacional por el PP y embajador en la India, respectivamente, crearon un entramado societario a través del cual cobraron trabajos de asesoramiento, y que tiene como trasfondo un verdadero tráfico de influencias, según se desprende de la investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Fiscalía Anticorrupción, y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Del análisis de la documentación incautada durante la investigación, se desprende que ambos ex dirigentes ‘populares’ hicieron trasvases de dinero de unas sociedades a otras, con el objetivo de defraudar a Hacienda. Seguir leyendo El diputado De la Serna justificó cobros de 203.000 euros con informes copiados de Wikipedia
NO NOS REPRESENTAN
La preocupación ciudadana por el paro y la situación económica sigue copando el primer puesto del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que ha publicado su versión del mes de junio.Lo que sí se refleja en esta encuesta elaborada entre el 1 y el 11 de junio, justo antes de la campaña electoral, es que la preocupación por el paro aumentó ligeramente el pasado mes de junio mientras que la inquietud por la corrupción registró un leve descenso.Así la preocupación por el paro ha aumentado de un 75,3% en mayo a un 76,4% en junio, seguido de la corrupción y el fraude, citado por el 44,9% de los españoles, frente al 46,7 de un mes antes.En tercer lugar, se sitúan los problemas de índole económica, mencionados por un 25,1%, y los «políticos y los partidos», por un 21,1%, porcentaje prácticamente idéntico al de mayo. Los problemas sociales, con un 11,6, la sanidad, con un 10%, y la educación con un 9,7%, también son citados por los encuestados. 
La Guardia Civil tiene desplegada desde primera hora de esta mañana unaamplia operación por delitos contra la administración públicacentrada en varios municipios catalanes, mayoritariamente de Tarragona, y gobernados por Convergència Democràtica de Catalunya. Las actuaciones están siendo dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción y el titular del juzgado número uno de El Vendrell, Josep Bosch. La bautizada como Operación Térmyca es una pieza separada de las diligencias que se iniciaron en junio del 2014 en el Ayuntamiento de Torredembarra y que desembocaron en la operación de la Guardia Civil que en agosto del año pasado supuso el registro de la sede de CDC y la fundación CatDem . La operación de hoy gira en torno a Efial Consultoría, una pequeña empresa con sede en Barcelona que desde el 2007 trabaja para administraciones públicas y que desde el caso de Torredembarra se encuentra en la picota. 


Pedro López Quesada Fernández Urrutia y su familia afloraron patrimonio oculto en cuentas en Suiza y en una sociedad offshore en Islas Vírgenes – La fortuna opaca procedía de la herencia de su madre, Adela Fernández Urrutia, y pagaron por legalizarla 1.242 euros, un 0,1% del dinero que escondían en paraísos fiscales – Pedro López Quesada e Iñaki Urdangarín organizaron la despedida de soltero del entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón – Su esposa Cristina de Borbón Dos-Sicilias, prima del Rey e íntima de la reina Letizia, también se acogió a la amnistía
“Les hemos dado en todos los morros con Ramón Bagó, les hemos destrozado el sistema sanitario, les hemos acusado, estamos jorobándoles el CTT [Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació]”. Este es el presumido balance que el director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, comunica en una conversación al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en una conversación grabada que ha transcrito el diario Público.
Efectivos de la Agencia Tributaria han iniciado un registro en las oficinas de Google en España dentro de una investigación por supuesto fraude y evasión fiscal. El operativo se está desarrollando en la sede de la Torre Picasso de la compañía y en su campus, ambos situados en Madrid. Según informa
La demanda, planteada por los despachos de abogados Baltasar Garzón y Amparo Legal, reclama una suma superior a los 3.000 millones.

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